Ley de igualdad de extremadura

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Real Decreto 664/2001, de 22 de junio, de traspaso a la Comunidad Autónoma de Extremadura de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en materia de trabajo, empleo y formación.

Título en idioma original: Real Decreto 664/2001, de 22 de junio, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Extremadura de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

La Constitución, en su artículo 149.1.13.a, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, estableciendo en el mismo artículo 149.1.7.a, que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de derecho laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

Por otra parte, el artículo 7.10.a, también del Estatuto de Autonomía, establece que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva para promover el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional y, en particular, la creación y gestión de un sector público regional de la Comunidad Autónoma.

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“Hace 20 años, Extremadura era la única región de España que no contaba con un organismo propio de protección de los derechos de las personas en materia de identidad u orientación sexual”, afirma el presidente extremeño y miembro del PSE del CDR, Guillermo Fernández Vara. “Desde entonces se ha avanzado tanto en las políticas LGBTI, en el activismo y en la situación sobre el terreno, que nuestra comunidad autónoma es hoy puntera a nivel nacional en la promoción de estos derechos y libertades”, continúa.

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Extremadura es un ejemplo de legislación progresista en materia de protección y promoción de los derechos LGBTI. Recientemente se ha aprobado una nueva ley dirigida a la igualdad social de las personas LGBTI y centrada en las políticas públicas de lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual y/o identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Orgulloso de este logro, el Presidente Guillermo Fernández Vara recuerda que esta legislación está siendo utilizada como base para desarrollar una legislación similar en varias comunidades autónomas de España, así como en algunos países de América Latina.

Extremadura

La unión civil entre personas del mismo o distinto sexo en España tiene la particularidad de que NO existe una ley de parejas de hecho a nivel estatal. Así, la mayoría de las Comunidades Autónomas, también las que no tienen un derecho civil foral o especial propio, han regulado las parejas de hecho desde una perspectiva no estrictamente administrativa.

2.1. En España hay Comunidades que no tienen derecho civil foral o especial propio, como Valencia, Madrid, Asturias, Andalucía, Canarias, Extremadura, Cantabria y Murcia, pero que han regulado en leyes autonómicas para su región (comunidad autónoma) los efectos civiles del cese de la convivencia more uxorio:

– Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de la Comunidad de MADRID, de la pareja de hecho. Esta ley contemplaba un régimen económico de convivencia en defecto de pacto (artículo 4.2) que ha sido declarado inconstitucional por la falta de competencia de esta Comunidad Autónoma en materia de legislación civil (Sentencia del Tribunal Constitucional nº 81/2013, de 11 de abril de 2013).

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Este artículo analiza el impacto de la estructura de gobernanza multinivel en España. En particular, explora cómo las principales dinámicas territoriales que sustentan el modelo de descentralización español han dado forma a las políticas de igualdad de género, a saber, la negociación competitiva interregional, la existencia de múltiples arenas, el subdesarrollo de los mecanismos intergubernamentales y un clivaje territorial muy destacado. El artículo examina tres ámbitos clave de la intervención pública en materia de igualdad de género y de la investigación académica: la integración de la perspectiva de género, las cuotas electorales de género y las políticas contra la violencia de género. Nuestros resultados se alinean con el enfoque condicional de los estudios sobre género y federalismo. Si bien la competencia ha estimulado la difusión de las políticas entre las regiones y la agencia feminista se ha beneficiado con frecuencia de la estructura de oportunidades multinivel, la falta de mecanismos intergubernamentales bien establecidos ha provocado efectos secundarios negativos, como políticas “parcheadas” que no garantizan la igualdad de derechos para todas las mujeres españolas. El artículo también muestra que los intereses territoriales no han primado sobre la igualdad de género, ya que las políticas más avanzadas se encuentran en las regiones con mayor saliencia territorial.